En la discusión por las recientes
protestas contra el alza de los combustibles en México, mismas que han venido
acompañadas de una oleada de saqueos que en varias ciudades derivaron en
auténticos escenarios de psicosis, ya he leído varias veces una expresión que a
menudo sale a flote en las protestas de este país: “desobediencia civil”.
Me he
percatado que con frecuencia se la asocia con el derecho a la manifestación,
con enunciados idealistas como el ya clásico “si no hay justicia para el
pueblo, que no haya paz para el gobierno”, y con otros mensajes más radicales,
como aquellos que convocan a que el pueblo (supongo que sólo el pueblo que
utiliza redes sociales) se levante en armas. En esta ocasión me llamó la
atención que un comentario que defendía los saqueos a supermercados y otros
comercios (comentarios abundantes, por desgracia) afirmaba que estos actos de
rapiña constituían una legítima demostración de desobediencia civil. De hecho
no: los ejemplos de desobediencia civil más representativos de la historia son
por entero ajenos a la violencia y el vandalismo, e incluso a veces a las
demostraciones grupales. Quizá el caso más famoso (y exitoso) sea el de
Mohandas Gandhi, quien dirigió la lucha pacífica de la India contra el Imperio Británico
con los resultados que ya conocemos. Fue, sin embargo, Henry David Thoreau
quien se encargó de popularizar el concepto en el siglo XIX con uno de sus
ensayos más famosos: Resistencia al gobierno
civil, mejor conocido como Desobediencia
civil.
Si bien Thoreau fue un conocido opositor del sistema (no
sería desatinado llamarlo “chairo”), también era un hombre muy sensato, y en su
escrito de 1849 él explicaba, a grandes rasgos, su decisión de no pagar
impuestos como protesta contra la guerra de Estados Unidos contra México y las
prácticas esclavistas de su nación; él no deseaba financiar a un gobierno cuyas
actividades eran opuestas a su ideal de justicia. Su protesta no pasó más allá
de lo simbólico: aunque las autoridades de Massachusetts no encontraban amenaza
alguna en sus actos y palabras, lo encarcelaron por evasión y lo liberaron
cuando alguien cubrió su deuda con el fisco. Apenas pasó una noche en prisión.
Por supuesto que la intención de Thoreau era que más personas siguieran su
ejemplo y la situación escalara hasta convertirse en un boicot. Este plan,
aunque ingenuo, era bastante lógico: un gobierno democrático vive de los
impuestos, y sin recursos suficientes no puede operar y mucho menos hacerle la
guerra a México; los ciudadanos pueden someter a su gobierno si consiguen
desnutrirlo lo suficiente.
Si regresamos al actual panorama de México,
podríamos pensar que esos grupos que toman casetas de peaje buscan lo mismo,
¿no? Impactar el ingreso gubernamental. En realidad es un golpe mínimo: le
ocasionan una pérdida temporal a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(una pérdida que incluso podría ser benéfica en lo fiscal para aquellas casetas
concesionadas), pero al gobierno federal esto apenas le representa una
molestia, pues éste tiene muchas otras fuentes de ingreso. Los impuestos, por
ejemplo.
En este país todos pagamos impuestos de una u otra manera, hasta
quienes presumen no hacerlo. El hecho de no presentar declaraciones no implica
no pagar; así compren una Coca en la miscelánea más miserable de México, el 16
% del precio es IVA que el pequeño comercio traslada a Coca-Cola y ésta
trasladará a sus proveedores; al final, un ente con actividad empresarial
declarará y pagará ese impuesto al SAT el día 17 del mes. Cuando Gerardo Fernández Noroña
se cree Henry Thoreau y se niega a pagar el IVA de su Boing en realidad sólo
hace reír a la autoridad fiscal, porque Pascual Boing no le perdonará ese 16 %
a la tiendita, ni el SAT a Pascual Boing. El afectado por este acto
“revolucionario” es el pequeño comercio, no el gobierno federal. (En ese mismo
tenor me pregunto si Noroña se descontó el IVA de su vuelo a Nueva York para
protestar en la Torre Trump, o si también evade el sales tax de la Unión Americana). De hecho, esta idea sólo
funcionaría si millones de personas en todo el país acordaran no pagar el IVA
de su Boing (y ya saben que los mexicanos gritamos que “el pueblo unido jamás
será vencido” pero somos malísimos para organizarnos), e incluso si lo consiguieran
aún necesitan la complicidad del comercio; si no me creen, vayan al Oxxo más
cercano, díganle al cajero que no pagarán el IVA de algún producto y me cuentan
cómo les fue.
Los llamados al boicot de la gasolina son igual de infructíferos:
los combustibles fósiles son la sangre de la actividad comercial, y la
comodidad del transporte motorizado ha probado ser más poderosa que este tipo
de convocatorias. Las marchas, por multitudinarias que sean, tampoco hacen
mella a la autoridad: afectan a los automovilistas, al transporte público y, a
veces, al comercio, pero al gobierno no. Peña Nieto no pierde el sueño porque
doscientas mil personas exijan su cabeza en el zócalo; en unas horas todas se
irán a sus casas a continuar con sus vidas. Y ni hablar del “activismo” en
redes sociales: pueden pasarse lo que resta del sexenio tuiteando #RenunciaEPN
las 24 horas y será en vano (aunque en este respecto hay algunos logros que no
abordaré ahora). ¿Plantones y bloqueos? Los únicos que son atendidos son los
que cuentan con respaldo político o sindical (que es casi lo mismo), como los
de Antorcha Campesina o la CROC.
Se me ocurre, sin embargo, una vía un poco más
efectiva pero igual de improbable: ¿qué pasaría si las cámaras empresariales
del país como COPARMEX, CANACINTRA, CANACO y el CCE convocaran a sus miembros a
no pagar IETU, IVA e ISR todo el año? Si una o dos empresas lo hicieran sería
muy fácil someterlas: auditoría, embargo de activos o cuentas bancarias y asunto
resuelto. Pero si miles de empresas de toda la República fueran partícipes de
esta desobediencia civil… El gobierno no se quedaría de brazos cruzados, pero si
persistieran y resistieran les apuesto un litro de gasolina a que sus demandas,
cuando menos, serían escuchadas... Y eso se habría conseguido mediante una resistencia pacífica.
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